Las ocho memorias que debían entregarse como parte de un contrato obligatorio fueron finalmente depositadas en el área de Cultura, pero solo después de que una magistrada solicitara su presentación en el contexto de un proceso judicial. La situación revela una aparente falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la entidad responsable, generando dudas sobre su diligencia y transparencia en la gestión de documentación oficial. Este suceso ha desatado interrogantes respecto a la administración de proyectos culturales y el manejo de fondos públicos.
La intervención judicial ha sacado a la luz lo que parece ser una irregularidad en la entrega de documentos cruciales para la evaluación de los proyectos financiados con dinero público. Las memorias, esenciales para garantizar la rendición de cuentas y la evaluación del impacto de las iniciativas culturales, permanecieron sin depositar a tiempo, lo que podría indicar problemas de gestión o, en el peor de los casos, intencionalidad en la omisión. Este hecho refuerza la necesidad de implementar mecanismos de control más estrictos para asegurar el cumplimiento de obligaciones contractuales, especialmente cuando se trata de recursos pertenecientes al erario público.
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