La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras se encuentra en la fase final de la elaboración de una nueva orden destinada a regular las condiciones para la obtención y mantenimiento de los permisos para vehículos de transporte con conductor (VTC) en la región. Con un marcado enfoque en la seguridad jurídica, esta medida busca dar claridad a un sector que actualmente opera con aproximadamente 9.000 permisos activos.
El examen para obtener dicho permiso constará de cuatro módulos, integrado por un total de 60 preguntas. Los aspirantes deberán demostrar sus conocimientos sobre el idioma español, el manejo de dispositivos de navegación, y la identificación de itinerarios y destinos relevantes en la Comunidad de Madrid. También se evaluarán sus habilidades en primeros auxilios, así como su conocimiento sobre accesibilidad y servicio público.
Una vez superada esta prueba, se expedirá un permiso provisional de VTC de manera electrónica, válido por un periodo máximo de tres meses, hasta que se otorgue el definitivo. Este último tendrá una vigencia de cinco años, renovable al término de dicho plazo. Se ha incorporado la opción de realizar el examen a través de un sistema de autoevaluación, empleando inteligencia artificial para certificar los conocimientos adquiridos.
Además, las empresas encargadas de estos servicios deberán proporcionar formación continua a sus trabajadores, en un esfuerzo por mejorar la calidad del servicio ofrecido a los usuarios. No obstante, se exime de este requisito a aquellos conductores que hayan ejercido su labor profesional de manera ininterrumpida durante al menos un año a partir del 11 de enero, o dos años en los cuatro años anteriores a la implementación del decreto de VTC.
El Gobierno regional también estipula que los conductores deberán poseer un permiso de conducir de la clase B, con al menos dos años de antigüedad, y no contar con antecedentes por delitos de índole sexual. En aras de gestionar mejor los períodos de alta demanda, la normativa prevé la convalidación de permisos de VTC procedentes de otras comunidades autónomas y municipios autotaxi, evitando así someter a estos conductores a nuevas pruebas específicas.
Esta regulación busca equilibrar la protección legal de las empresas y conductores de VTC, con un servicio de calidad y seguro para los usuarios, en un sector cada vez más relevante en la movilidad urbana de la Comunidad de Madrid.
