Martínez, quien ocupó un destacado puesto durante el gobierno de Mariano Rajoy, está bajo sospecha de haber colaborado con un pirata informático que accedió ilegalmente a las bases de datos de la Policía, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se le atribuye a Martínez el haber sido fundamental en la creación de una compleja estructura destinada a lavar las ganancias obtenidas por la venta de la información robada. Las autoridades están indagando en la posible red de conexiones que habría permitido a este hacker monetizar los datos sustraídos de manera ilícita.
El caso ha generado un fuerte revuelo político, destacando la implicación de un exalto cargo en actividades delictivas de tal magnitud. La investigación sigue avanzando, mientras que los partidos de la oposición exigen responsabilidades y respuestas claras sobre cómo una figura tan prominente pudo haberse visto envuelta en un esquema de ciberdelincuencia. Este episodio plantea serias preocupaciones sobre la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad del Estado y la posible complicidad de miembros del gobierno en actividades criminales.
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