La juez María Tardón ha decidido mantener en prisión provisional al ex número dos del Ministerio del Interior, en el marco de una investigación por su presunta colaboración en el blanqueo de capitales. Este escándalo involucra al ex funcionario en actividades delictivas relacionadas con un hacker, quien habría obtenido ganancias ilícitas tras intrusiones en los sistemas de la Policía Nacional, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La magistrada sustenta su decisión en la posible existencia de un riesgo de fuga y la destrucción de pruebas, lo que justifica la medida cautelar.
La implicación del ex alto cargo, que fue colaborador cercano del entonces ministro Fernández Díaz, añade gravedad al caso, que afecta a diversas instituciones del Estado. Las investigaciones policiales sugieren que el acusado podría haber facilitado la ocultación y lavado de las ganancias ilícitas obtenidas por el hacker, quien se aprovechó de vulnerabilidades en sistemas críticos. Este caso vuelve a poner en el centro de atención los problemas de seguridad en las infraestructuras digitales del país y plantea serias preguntas sobre la corrupción a altos niveles gubernamentales.
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