Según un informe de 10 páginas presentado por la Fiscalía, el presidente estaría involucrado en un controversial episodio al ordenar presuntamente al jefe de contrainteligencia militar que utilizara la fuerza para irrumpir en el Parlamento. La instrucción explícita, según el documento revelado, incluía la posibilidad de romper las puertas de acceso con un hacha si fuese necesario. Esta acción sería parte de una estrategia para asegurar la entrada en las instalaciones legislativas, generando una seria preocupación sobre el respeto de los procedimientos constitucionales y el uso del poder ejecutivo.
El informe, que detalla estos hechos, ha desatado una polémica a nivel nacional, poniendo en entredicho la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y cuestionando la integridad de las instituciones democráticas. Distintos sectores políticos y organizaciones de derechos han alzado la voz, solicitando una investigación exhaustiva y sanciones correspondientes en caso de comprobarse la veracidad de las acusaciones. La tensión política se exacerba mientras el país observa con atención los siguientes pasos de las autoridades y sus implicancias en la estabilidad gubernamental.
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