En un veredicto que sacude el panorama político del país, la jueza ha dictaminado que el ex mandatario recibió financiamiento ilícito proveniente del gobierno de Hugo Chávez durante su campaña presidencial de 2006, así como de la conocida constructora brasileña Odebrecht en 2011. La sentencia se basa en una serie de evidencias que demuestran la transferencia de fondos desde Venezuela y Brasil, destinados a influir en los procesos electorales mediante la inyección de capital en el proyecto político del entonces candidato. Estos hechos subrayan una preocupante colusión entre las figuras de poder y corporaciones extranjeras, cuyos intereses económicos y políticos traspasan las fronteras nacionales.
El fallo judicial destaca el entramado de corrupción y la falta de transparencia que ha comprometido la integridad del proceso democrático. La implicación de Odebrecht, ya conocida por su escándalo de sobornos a escala internacional, refuerza la percepción de un patrón sistemático de corrupción en América Latina, donde las constructoras ejerciendo su influencia han logrado torcer voluntades políticas. Mientras tanto, el gobierno venezolano bajo el mando de Chávez habría buscado expandir su influencia regional apoyando candidaturas afines a sus intereses. Esta revelación plantea serias cuestiones sobre el impacto de estos fondos en las decisiones políticas y económicas del país durante el mandato del ex presidente implicado.
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