Claudia Montes fue contratada por LogiRail después de una gestión directa realizada por el entonces ministro, quien actuó a través de su asesor Koldo García. La intervención ha generado un debate sobre la transparencia en los procesos de contratación dentro de empresas vinculadas al sector público. Varios medios han señalado que esta contratación podría estar ligada a influencias políticas, lo que resalta la importancia de establecer criterios claros y justos en la selección de candidatos para evitar posibles conflictos de interés.
Este caso ha despertado preocupación en distintos sectores, ya que LogiRail es una compañía con participación estatal y su administración debe observar estrictamente las normas éticas. Los partidos de oposición han pedido clarificaciones respecto a la intervención del ministro y su asesor, alegando que estas acciones debilitan la confianza del público en las instituciones. En respuesta, se ha solicitado una revisión detallada del proceso de contratación para garantizar que todos los procedimientos se llevaron a cabo de forma justa y transparente.
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