El expresidente boliviano Evo Morales se encuentra en el centro de una controversia judicial luego de que se reactivara una acusación por abuso de menores en su contra. En una conferencia de prensa desde el Chapare, Morales calificó las acusaciones de «falsas» y aseguró que su resurgimiento responde a motivos políticos destinados a desgastar su imagen. La denuncia se refiere a un caso de 2016 donde supuestamente tuvo una hija con una adolescente de 15 años, un tema que ya había sido desestimado por la justicia boliviana tras su derrocamiento en 2019. Morales criticó al actual presidente, Luis Arce, comparándolo con la expresidenta interina Jeanine Áñez, sugiriendo una persecución política similar. Además, Morales denunció un intento reciente del gobierno de detenerlo y trasladarlo por la fuerza, una orden de aprehensión que fue revocada por una jueza debido a irregularidades.
El contexto político del país está enrarecido con la posibilidad de que Morales pueda ser extraditado a Estados Unidos, según sus propias afirmaciones. Este escenario se ha intensificado con la extradición en marcha de Maximiliano Dávila, exjefe antidrogas del gobierno de Morales, a Nueva York por tráfico de narcóticos. En medio de este caos político, el Grupo de Puebla ha mostrado su apoyo a Morales, sugiriendo que existe una campaña de «lawfare» en su contra. Morales, por su parte, ha presentado encuestas que lo posicionan como favorito para las próximas elecciones, en contraste con la caída en popularidad de Arce. Según el expresidente, el acoso judicial que enfrenta se debe a su éxito político actual y a la aparente alianza de la derecha con Arce contra él. La oposición boliviana ha solicitado que el caso contra Morales se lleve hasta sus últimas consecuencias, lo que promete una escalada en la tensión política del país.
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