Durante el año 2024, la implementación de herramientas de verificación de edad para contenidos en línea ha suscitado un debate internacional encabezado por la Electronic Frontier Foundation (EFF). Esta organización ha desafiado a gobiernos, desde Canadá hasta Australia, a reconsiderar estas medidas, argumentando que constituyen herramientas de vigilancia que ponen en peligro los derechos de privacidad y expresión de los usuarios, con la posibilidad de causar más daño del que buscan evitar.
En Australia, el primer ministro Anthony Albanese subrayó la necesidad de legislar para proteger a la juventud de los supuestos impactos negativos de las redes sociales. En respuesta, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe el acceso a estas plataformas a menores de 16 años y obliga a las empresas a verificar la edad de sus usuarios, con el riesgo de enfrentar multas que superan los 30 millones de dólares. Esta medida sigue pasos similares adoptados en Francia el año anterior y que Noruega planea imitar.
Pese a estas iniciativas, no existe evidencia concluyente que demuestre un impacto negativo claro de las redes sociales sobre los jóvenes. Por el contrario, muchos obtienen beneficios de sus interacciones digitales, sugiriendo que el entorno fuera de línea también forma parte crucial de sus experiencias. Restringir el acceso juvenil implica, además, una limitación para todos los usuarios, obligándolos a renunciar a su anonimato y privacidad para acceder a contenido lícito, afectando también a comunidades que dependen de información particular.
En Canadá, un nuevo proyecto de ley pretende requerir verificación de edad para el acceso a contenido explícito, justificado por la protección hacia mujeres y jóvenes. Sin embargo, estas medidas podrían llevar a plataformas a eliminar dicho material para evitar sanciones legales.
La EFF advierte que los métodos propuestos para verificar la edad en línea son ineficaces y vulnerables a abusos en la vigilancia de datos. Los usuarios que no puedan proporcionar la identificación necesaria podrían ver su acceso restringido a contenido protegido. Ante esta situación, la EFF enfatiza que la verificación digital no es equiparable a presentar un documento de identidad en persona y urge la búsqueda de métodos menos invasivos para enfrentar los peligros en línea.
En el horizonte del 2025, la EFF continuará su lucha por implementar un marco que aborde estos problemas sin comprometer los derechos fundamentales de los internautas.
