El reciente lanzamiento de informes que analizan los llamados «riesgos sistémicos» de las principales plataformas en línea ha captado la atención de varios sectores de la sociedad civil a nivel global. Estas publicaciones son una consecuencia directa de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, que obliga a empresas como Google, Meta, Amazon y TikTok a revisar si sus servicios fomentan riesgos que van más allá de la simple difusión de contenido ilegal, apuntando hacia la integridad de los procesos electorales y la protección de los derechos fundamentales.
La normativa de la DSA impone restricciones más severas a las plataformas con un alcance de más de 45 millones de usuarios dentro de la Unión Europea, siendo más de 20 los servicios identificados hasta el momento por la Comisión Europea. Estas plataformas deben evaluar proactivamente los riesgos derivados de su diseño y uso, abarcando riesgos que incluyen la propagación de contenido ilegal, impactos negativos en el ejercicio de derechos fundamentales, y amenazas a la seguridad pública y el discurso democrático. A pesar de la importancia de estas evaluaciones, la legislación carece de directrices claras, permitiendo interpretaciones amplias y cuestionables en las metodologías empleadas por las empresas.
Este nuevo marco de análisis cobra mayor importancia en el contexto de investigaciones relacionadas con TikTok, especialmente tras las elecciones presidenciales en Rumanía, donde se acusó a la plataforma de amplificar contenido favorable a un candidato ultranacionalista. Estas acusaciones llevaron a la Comisión Europea a iniciar revisiones sobre cómo TikTok gestiona los riesgos sistémicos y si cumple con las obligaciones de la DSA.
El caso de TikTok subraya las limitaciones de la actual normativa en lo que respecta a la evaluación de riesgos y auditorías. Aunque las plataformas deben presentar informes anuales sobre su gestión de riesgos, la carencia de estándares y metodologías uniformes dificulta una adecuada comparación de las distintas medidas adoptadas por cada empresa. Los informes, aunque destacan un progreso hacia una mayor transparencia, evidencian que muchos de los riesgos clasificados como sistémicos todavía no se comprenden a cabalidad.
Para abordar de manera eficaz estos complejos riesgos, se requiere un enfoque colaborativo que incluya a expertos de la sociedad civil, académicos y activistas, en vez de depender únicamente de las plataformas o reguladores. Este enfoque no solo ayudaría a clarificar los desafíos que enfrenta la sociedad, sino que también fortalecería los derechos de los usuarios y la protección de derechos fundamentales, promoviendo un entorno digital más seguro y equitativo.
