El proteccionismo global está empezando a mostrar sus efectos adversos en el empleo español, particularmente en sectores esenciales como la automoción y la agricultura. Las crecientes tarifas impuestas por grandes economías a productos extranjeros han encarecido las importaciones, provocando así una disminución tanto de la producción como del comercio. Las empresas afectadas se enfrentan ahora a un entorno económico incierto, con el fantasma de los recortes y despidos acechando cada vez más cerca.
La industria de la automoción, vital para la economía española con exportaciones anuales de componentes que superan los 1.000 millones de euros, está especialmente amenazada por la propuesta de Estados Unidos de imponer un arancel del 25% a los coches europeos. Esta disposición ha incrementado ya la presión sobre las empresas del sector, llevándolas a sopesar ajustes de plantilla y a recortar turnos en un intento por salvaguardar su viabilidad. A la par, las voces en demanda de una mayor flexibilización en los mecanismos de protección laboral se alzan, ya que las actuales restricciones impiden que las empresas respondan con la agilidad necesaria frente a estos desafíos económicos.
El sector agroalimentario, por su parte, también siente el impacto de este proteccionismo. Productos tan emblemáticos en la exportación española como el vino, el aceite de oliva y los quesos enfrentan ahora difíciles obstáculos para acceder a mercados clave debido a aranceles que pueden ascender hasta el 20%. Estas medidas han sumido a muchas pequeñas explotaciones familiares en una situación desesperada, con la cancelación de pedidos y la caída de precios amenazando su existencia.
En respuesta, el Gobierno español ha revelado un plan de acción por valor de 14.000 millones de euros que incluye avales y créditos blandos. Sin embargo, los representantes del tejido empresarial critican estas iniciativas, considerándolas insuficientes y tardías. La demanda por ayudas directas, mayor flexibilidad laboral y una reducción de la burocracia es cada vez más intensa ante la necesidad de sobrevivir en un contexto tan adverso.
Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado al alza la previsión de crecimiento para España en 2025, fijándola en un 2,5%. No obstante, el organismo advierte sobre los peligros que la persistente guerra comercial, la inflación y la inestabilidad política en Europa suponen para el crecimiento económico y el empleo. Aunque se espera que la tasa de paro se mantenga en torno al 11%, la situación podría deteriorarse aún más si las tensiones comerciales continúan en escalada, amenazando de esta forma el bienestar de fábricas, campos y pequeñas empresas en el país.
