Las familias que emplean personal del hogar en España tienen hasta noviembre para realizar la evaluación de riesgos laborales, un requisito estipulado por el real decreto aprobado el año anterior. Esta medida busca incluir a un colectivo históricamente marginado en la protección laboral, mediante la implementación de un proceso accesible en la plataforma oficial www.prevencion10.es. Al evaluar las condiciones de trabajo, los empleadores deberán introducir datos sobre las tareas de sus empleadas y, en caso de riesgo, seguir las recomendaciones para mejorar la seguridad. Tras la evaluación, se generará un «Plan de prevención de riesgos laborales», que deberá ser firmado y disponible para la Inspección de Trabajo.
Actualmente, alrededor de 348,000 mujeres están registradas como empleadas del hogar, muchas de ellas mayores de 40 años y con un alto porcentaje de nacionalidad extranjera. Aunque se han logrado avances en derechos laborales, como el acceso al desempleo, aún persisten desafíos, incluido el hecho de que una cuarta parte del colectivo no está afiliada a la Seguridad Social. Con un salario medio de 1,014 euros al mes, estas trabajadoras representan una parte esencial del tejido laboral español, aunque continúan enfrentando desigualdades en comparación con otros sectores.
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