A partir del 2 de agosto de 2025, Europa marcará el inicio de una nueva etapa en la regulación tecnológica con la implementación del régimen sancionador del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA). Este marco normativo, pionero a nivel mundial, busca asegurar un uso seguro y ético de los sistemas de IA, especialmente aquellos considerados de alto riesgo. Sin embargo, pese a este hito regulador, una significativa brecha de confianza en las instituciones persiste entre la ciudadanía.
Las sanciones por incumplimiento del RIA pueden llegar hasta los 35 millones de euros o el 7% de la facturación global anual de las empresas infractoras. El propósito es claro: fomentar un uso responsable de la IA y proteger los derechos fundamentales de las personas.
Una encuesta de la consultora Entelgy revela que solo el 8,8% de los españoles percibe una estricta regulación sobre la inteligencia artificial, mientras que un alarmante 88,6% no confía en que las instituciones proporcionen la seguridad necesaria en la gestión de estos sistemas. La privacidad es otra gran preocupación, con ocho de cada diez ciudadanos temiendo la recopilación indebida de datos personales.
El RIA prohíbe actividades consideradas de riesgo inaceptable y establece una clasificación de riesgo para los sistemas de IA. Las prácticas prohibidas incluyen manipulación subliminal, explotación de vulnerabilidades, y reconocimiento facial masivo en espacios públicos, entre otras.
Desde el punto de vista técnico, el reglamento exige la documentación detallada del funcionamiento interno de los modelos de IA, supervisión humana en decisiones críticas, transparencia al informar a los usuarios, y gestión proactiva de riesgos. Las empresas deberán también colaborar con la Agencia Española de Supervisión de la IA.
A pesar de estos esfuerzos, el nivel de conocimiento normativo es bajo, dificultando la defensa de los derechos digitales y la adopción responsable de la tecnología. Solo un 11,4% de la población declara conocer las leyes vigentes sobre IA, aunque este porcentaje es ligeramente mayor entre los jóvenes.
La adopción del RIA es solo el primer paso hacia una IA confiable. La desconfianza ciudadana indica que no basta con legislar; se requiere una alfabetización digital y legal adecuada, auditorías abiertas, y modelos de IA explicables. Además, es crucial promover la participación ciudadana en el desarrollo de políticas de IA.
Para las empresas tecnológicas, el RIA supone un reto y una oportunidad: enfrentar nuevos costos de auditorías y rediseños, pero también destacar por una apuesta ética y transparente. Europa lanza un mensaje contundente: la innovación debe ir de la mano con la responsabilidad. Es hora de que los ciudadanos exijan transparencia, ejerzan sus derechos y se involucren activamente en el debate sobre el futuro de la inteligencia artificial.
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