En Bruselas, el Parlamento Europeo fue escenario de un crucial desayuno informativo organizado por la Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie (AEA). Asistieron alrededor de 60 eurodiputados, asesores parlamentarios y representantes de la industria, quienes discutieron las implicaciones del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) sobre el sector del aluminio, vital para la economía europea.
La sesión fue inaugurada por la eurodiputada Susana Solís Pérez y su colega polaco Adam Jarubas, ambos del Grupo PPE, quienes resaltaron la necesidad de que el CBAM se adapte a las realidades del sector del aluminio para cumplir con los objetivos climáticos sin perjudicar su competitividad. Solís enfatizó la importancia de reconocer las particularidades del sector para evitar efectos negativos en el empleo y la producción.
Jarubas agregó que, aunque el comisario Hoekstra ha mostrado disposición a trabajar en el tema, es crucial aclarar cómo se implementará el mecanismo. Antoine Chacun de ODDO-BHF alertó sobre el déficit estructural de aluminio en Europa, señalando que sin este metal, la transición verde estaría en peligro. Chacun argumentó que el diseño del CBAM podría incrementar el costo del producto final y cambiar la fuente del metal en lugar de reducir emisiones.
Giorgio Di Betta, presidente de CENTROAL-ASSOMET, insistió en que la exclusión de partes de la cadena de producción por el CBAM podría otorgar ventajas a productores extracomunitarios, lo que paradójicamente podría aumentar las emisiones. Angelika El-Noshokaty, directora general de Aluminium Deutschland, advirtió sobre la ausencia de criterios claros para calcular la huella de carbono, que podría generar conflictos comerciales y sobrecostes.
El sector del aluminio enfrenta un momento crítico, particularmente tras el cierre de la planta de Alcoa en San Ciprián, lo que ha forzado a España a importar 220.000 toneladas anuales. Además, las sanciones a Rusia y los cambios comerciales han complicado el panorama.
La AEA, que representa a más de 650 empresas y unos 17.000 profesionales en España, se ha manifestado en contra del CBAM tal como está diseñado, alegando un riesgo de sobrecoste estructural de hasta 11.000 millones de euros anuales para el sector transformador europeo. Entre sus propuestas, la AEA sugiere una evaluación de impacto previa a la aplicación del CBAM, una exención temporal para el aluminio y el reconocimiento de las especificidades sectoriales.
A pesar de no oponerse al CBAM ni a sus objetivos climáticos, la AEA insiste en la necesidad de adaptar su aplicación para proteger la competitividad de este sector estratégico para Europa. El evento sirvió como un valioso foro de diálogo entre la industria y los legisladores, en busca de un equilibrio sostenible que permita alcanzar las metas ecológicas, sin sacrificar la viabilidad económica del sector del aluminio.
