Más de 40 eurodiputados han solicitado a la Comisión Europea una investigación independiente sobre las transferencias ilegales de datos personales que Frontex, la agencia europea de vigilancia de fronteras, ha estado realizando a Europol desde 2016. Esta demanda proviene tras la revelación de que información de más de 13,000 personas, incluidos migrantes y defensores de derechos humanos, fue compartida de manera ilícita, contribuyendo a la criminalización de estos grupos. La carta, firmada por representantes de diversas agrupaciones políticas, resalta una preocupación total por el uso indebido de datos y pide una audiencia en el Parlamento Europeo con implicados como Frontex, Europol y otros actores relevantes.
En respuesta a estas revelaciones, los eurodiputados exigen la supresión inmediata de los datos recopilados y el cese de su transmisión, además de una estricta revisión del uso de estos datos en procedimientos penales. Los parlamentarios insisten en que cualquier financiación o mandato para Frontex debe alinearse con las regulaciones de protección de datos de la UE, para evitar la criminalización de individuos basándose en información obtenida de manera ilegal. Actualmente, Frontex ha detenido las transferencias automáticas, pero sigue compartiendo datos caso por caso, mientras que Europol aún no ha clarificado el paradero o uso actual de la información transmitida.
Leer noticia completa en El Pais.
