El Ministerio de Justicia ha asumido el control de la denominada Ley Antipantallas, relegando así al Ministerio de Juventud que inicialmente lideraba el proyecto. La ley, que busca regular el tiempo que los menores pasan frente a dispositivos electrónicos, ha sido objeto de controversia debido a las disputas interministeriales sobre quién debe ser responsable de su implementación. Esta reubicación de competencias llega después de una serie de aplazamientos en el Congreso de los Diputados, donde las enmiendas han sido aplazadas un total de 21 veces, desencadenando críticas de diversos sectores que temen que la legislación pierda su esencia original y la urgencia que la problemática demanda.

El aplazamiento constante ha generado un clima de incertidumbre entre los defensores de la ley, quienes ven con preocupación cómo el continuo retraso podría diluir la efectividad de la iniciativa. Por su parte, el Ministerio de Juventud, ahora en un papel secundario, ha expresado su malestar y se teme que este cambio en las riendas legislativas pueda restar prioridad a las necesidades específicas de los jóvenes. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia defiende que su intervención facilitará un proceso más eficiente y riguroso, asegurando que la ley refleje un equilibrio entre la protección de los menores y los derechos digitales. La creciente presión por parte de organizaciones juveniles y padres subraya la polémica actual, creando un debate público sobre el papel que cada ministerio debe jugar en una cuestión tan crucial para el bienestar de las nuevas generaciones.

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