La Administración Trump ha decidido poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 4.000 ciudadanos de Myanmar que residen en Estados Unidos desde que huyeron de la violencia y el desastre humanitario en su país. A partir de enero, estas personas quedarán expuestas a la deportación. Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, justificó la medida afirmando que la situación en Myanmar ha mejorado lo suficiente, mencionando avances en gobernanza, estabilidad y la conclusión del estado de emergencia. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han solicitado la continuidad del TPS debido a las condiciones adversas que aún persisten, como las operaciones militares y una reciente catástrofe sísmica que devastó parte del país asiático.
Paralelamente, el Departamento de Seguridad Nacional también está evaluando el fin del TPS para otros países, como Somalia, argumentando que ciertas condiciones permiten el regreso seguro de sus ciudadanos, a pesar de informes de dificultades humanitarias y violencia. El programa TPS, que se aprueba por periodos de 18 meses, ha sido retirado antes para otros países como Venezuela, Sudán del Sur, Siria y Afganistán. La decisión ha suscitado críticas, ya que muchos de los beneficiarios enfrentan situaciones peligrosas en sus lugares de origen. Particularmente en el caso de Somalia, la comunidad somalí en Estados Unidos, especialmente en Minnesota, se encuentra bajo tensión ante la posible pérdida de esta protección, que ha estado vigente desde la guerra civil de 1991.
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