La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley presupuestaria que incluye, de manera inesperada, una cláusula que impide a los estados regular la inteligencia artificial (IA) durante los próximos diez años. Esta disposición ha desatado amplias críticas debido a su impacto potencial sobre la soberanía legislativa estatal y la protección de los derechos de los ciudadanos ante el uso creciente de tecnologías automatizadas.
El texto presupuestario es extenso y contempla recortes en programas sociales mientras amplía beneficios fiscales para las rentas altas. Entre las múltiples medidas, se destacan recortes de 625,000 millones de dólares en Medicaid y 300,000 millones en cupones de alimentos (SNAP), junto con la eliminación de incentivos como el crédito fiscal para vehículos eléctricos.
Sin embargo, el veto a la legislación estatal sobre IA es lo que más ha alarmado a los defensores de los derechos digitales, quienes ven en esta medida una concesión a las grandes empresas tecnológicas, permitiendo que operen sin regulación alguna por una década. La Electronic Frontier Foundation calificó la inclusión de esta cláusula como un movimiento directo para favorecer a los gigantes del sector.
En el Senado, el proyecto enfrenta un panorama incierto. Aunque fue aprobado principalmente por legisladores republicanos, algunos senadores del mismo partido han expresado su preocupación. Marsha Blackburn y Josh Hawley, por ejemplo, alertaron sobre el impacto negativo que esta disposición podría tener sobre las normas estatales creadas para proteger a los ciudadanos de tecnologías potencialmente dañinas, como los deepfakes.
Los defensores del veto argumentan que evitará un caos regulatorio en tanto se desarrolla un marco legal nacional. No obstante, los opositores critican la propuesta, señalando la contradicción de aquellos que históricamente han defendido la autonomía estatal pero que ahora buscan centralizar la regulación de la IA.
Durante el proceso legislativo, la congresista demócrata Lori Trahan advirtió que quienes más sufren por la falta de regulación son las familias, afirmando que los únicos beneficiados serían los altos ejecutivos de las empresas tecnológicas.
Actualmente, algunos estados han implementado normativas propias sobre inteligencia artificial para evitar discriminación en automatizaciones o para controlar el uso manipulado de contenido. Si la ley se aprueba en el Senado, estas regulaciones quedarían sin efecto.
Diversos analistas ya anticipan que esta disposición podría motivar desafíos constitucionales debido a que altera el equilibrio de competencias entre federación y estados, lo que podría desencadenar un complejo escenario judicial con la participación de organizaciones civiles, industriales y gobiernos regionales.
Expertos como Rob Enderle han señalado que esta iniciativa es un retroceso en la protección ciudadana frente a una tecnología emergente. Si el Senado no interfiere o modifica la propuesta, Estados Unidos podría convertirse en uno de los pocos países democráticos donde las tecnológicas operen sin ninguna regulación estatal en materia de IA durante la próxima década, lo cual es motivo de preocupación para muchos observadores.
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