La administración de Donald Trump ha intensificado su confrontación con el Tribunal Penal Internacional (TPI) al anunciar sanciones contra cuatro integrantes de esta corte, en una acción que subraya su rechazo a las investigaciones que involucran a ciudadanos estadounidenses e israelíes. Los afectados incluyen a los jueces Kimberly Prost de Canadá y Nicolas Guillou de Francia, además de los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan de Fiji y Mame Mandiaye Niang de Senegal. Según el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estos funcionarios del TPI han estado directamente involucrados en investigaciones sin el consentimiento de Washington o Tel Aviv, una medida que Trump ya había anticipado durante su campaña presidencial.
Francia y Naciones Unidas han expresado su oposición a las nuevas sanciones, solicitando su suspensión inmediata y resaltando la importancia del TPI en la lucha contra la impunidad. La corte, con sede en La Haya desde 2002, no es reconocida por Estados Unidos, que considera al organismo una «amenaza para la seguridad nacional». En respuesta, el TPI ha llamado a los Estados miembros a defender su labor, esencial para las víctimas de crímenes internacionales. La animadversión de Trump hacia el tribunal no es nueva, pues ya en su primer mandato impuso restricciones contra la entonces fiscal jefe Fatou Bensouda, advirtiendo que tales sanciones podrían comprometer gravemente las funciones del TPI.
Leer noticia completa en El Pais.
