El gobierno de Filipinas ha declarado un estado de emergencia energética nacional en respuesta al conflicto militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, convirtiéndose en el primer país en tomar esta medida. La crisis internacional ha generado un colapso en el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de petróleo, impactando severamente a Filipinas, que importa casi la totalidad de su petróleo del Golfo Pérsico. Con el aumento al doble del precio del diésel y la gasolina desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, el presidente Ferdinand Marcos Jr. ha emitido una orden ejecutiva destinada a proteger la seguridad energética del país. Este decreto otorga al gobierno la capacidad de comprar combustibles de forma directa y establece un comité que supervisará la distribución de recursos energéticos, alimentos y medicamentos.

En un esfuerzo por mitigar los efectos económicos y sociales de esta crisis, la administración ha diseñado un esquema de apoyo dirigido a sectores estratégicos como el transporte y la agricultura, así como a pequeñas y medianas empresas. El Departamento de Transporte podrá implementar medidas como la reducción de peajes y tasas de aviación y ofrecer ayuda directa a colectivos especialmente vulnerables. Además, se han aprobado subsidios de 5.000 pesos para trabajadores del transporte público, como mototaxi, para aminorar el impacto en sus finanzas. Ante el incremento potencial de los costes de electricidad, Filipinas, que ya sufre de una de las tarifas más altas de la región, recurrirá temporalmente al uso de carbón importado en la generación eléctrica para evitar un alza aún más pronunciada en los precios de energía.

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