En México, la relación entre el Estado y las organizaciones criminales ha evolucionado significativamente a través de distintas etapas a lo largo de las últimas décadas. Inicialmente, las organizaciones delictivas operaban bajo un sistema de sujeción a las autoridades durante las épocas del priismo clásico, donde el crecimiento económico y la restricción de libertades definían el panorama nacional. Durante esa etapa, las actividades ilícitas se realizaban bajo el control de instituciones federales y locales de seguridad, las cuales imponían cuotas y designaban áreas de actuación a los grupos delictivos que trabajaban bajo su influencia o aprobación. Sin embargo, este período de subordinación comenzó a transformarse con la irrupción de los cárteles de la droga a finales de los setenta y ochenta, marcando el inicio de una etapa de asociación en la que estas organizaciones criminales expandieron sus operaciones de manera significativa, entablando complicidades con autoridades para permitir un complejo entramado de tráfico ilegal.
La tercera y actual etapa en esta dinámica se consolidó en los años recientes y durante el sexenio de López Obrador. A diferencia de las etapas anteriores, las organizaciones criminales han pasado de ser socias a convertirse en jefes de las autoridades en varios ámbitos. Estos grupos han logrado ejercer dominación sobre funcionarios en diversas áreas, desde la seguridad pública hasta el ámbito fiscal, y han involucrado a una serie de funcionarios de alto rango, desde diputados hasta gobernadores. Lo más preocupante de esta fase es la posibilidad de que estas organizaciones delictivas busquen no solo obtener control político y económico, sino también tomar el mando estatal, amenazando con ejercer su influencia desde el Gobierno mismo. Esta situación plantea un desafío adicional en la vida política mexicana, implicando potencialmente un riesgo de que las estructuras delictivas se apoderen del control estatal, lo cual podría erosionar aún más las instituciones democráticas del país.
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