La conmoción y el temor se apoderaron de Perú tras el asesinato de Paul Flores, destacado cantante de la banda de cumbia Armonía 10, quien fue tiroteado en Lima. En respuesta a este trágico suceso, el Gobierno peruano no tardó en decretar el estado de emergencia en la capital y en la vecina provincia de Callao. Esta decisión implica restricciones en los derechos de reunión y circulación, además de otorgar a las autoridades el poder de realizar detenciones sin necesidad de una orden judicial. Las medidas reflejan la gravedad de una situación que ha llevado a Lima a un punto crítico en cuanto a seguridad, mientras las fuerzas armadas aumentan su presencia en las calles para tratar de controlar la creciente sensación de inseguridad.
El contexto de violencia que atraviesa Perú se ve confirmado por estadísticas alarmantes: en 2024 se registraron 2.057 asesinatos, un aumento dramático respecto a los 674 contabilizados en 2017. Este incremento de crímenes y la escalofriante cifra de 22.800 denuncias por extorsión el año pasado, exponen un panorama desolador en el ámbito de la seguridad ciudadana. Diversas organizaciones han convocado a movilizaciones para manifestar su indignación por el estado de inseguridad imperante. La sociedad peruana se encuentra al borde del colapso mientras intenta superar este oscuro capítulo marcado por la violencia y el crimen, con la esperanza de que las acciones gubernamentales logren restaurar la calma y la seguridad en el país.
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