El acceso de los funcionarios españoles a la sanidad privada podría estar en peligro, una situación que ha generado gran preocupación entre este colectivo. Desde hace décadas, los empleados públicos en España han podido optar por recibir atención médica a través del sistema sanitario privado, costeado en gran parte por el Estado. Sin embargo, el actual Gobierno de coalición PSOE-Sumar, ideológicamente alineado con una visión más centralizada y pública de los servicios esenciales, podría estar preparando el terreno para modificar este derecho.
El derecho a elegir: sanidad pública o privada
Hasta ahora, los funcionarios han podido decidir anualmente si desean recibir tratamiento a través de la sanidad pública o privada, una opción que ha sido muy popular. De hecho, alrededor del 80% de los funcionarios escogen la sanidad privada, tanto para ellos como para sus familiares. Este sistema, que se financia a través de las mutualidades (MUFACE para civiles, ISFAS para militares y MUGEJU para el cuerpo judicial), permite que los funcionarios reciban tratamiento privado con fondos públicos, lo que ha supuesto una significativa diferencia respecto al resto de la población.
Uno de los argumentos a favor de mantener esta opción es que, en términos de coste, es más económico para el Estado financiar la sanidad privada de los funcionarios que hacerlo a través de la sanidad pública. En 2022, el coste sanitario público por español fue de 1.927 euros anuales, mientras que el coste para un funcionario en la sanidad privada fue de apenas 984 euros, según datos oficiales.
Las tensiones con las aseguradoras privadas
Cada dos años, el Gobierno renegocia con las aseguradoras privadas que ofrecen esta cobertura a los funcionarios. No obstante, la inflación y el envejecimiento de la población funcionarial han provocado que las aseguradoras reclamen un aumento significativo del presupuesto asignado. En concreto, las compañías han solicitado que el coste por funcionario se incremente en un 40%, es decir, de 984 a 1.370 euros anuales, advirtiendo que cualquier cifra inferior les haría incurrir en pérdidas.
El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó una subida del 17%, muy por debajo de lo solicitado por las aseguradoras. Esto supone que el Gobierno pagará alrededor de 1.115 euros por funcionario, lo que ha generado incertidumbre sobre si las aseguradoras continuarán ofreciendo cobertura a este precio. Las principales compañías que participan en este sistema (Adeslas, Asisa y DKV) han advertido que podrían no presentarse al concurso público si sus demandas no son satisfechas, lo que dejaría a millones de funcionarios sin la opción de sanidad privada.
El futuro de la sanidad para los funcionarios
Si las aseguradoras privadas se retiran del concurso, a partir del 1 de enero de 2025, más de 2,1 millones de funcionarios y sus familiares tendrían que recurrir exclusivamente a la sanidad pública. Este cambio supondría un enorme desafío para el ya saturado sistema público de salud, que ha experimentado un aumento en las listas de espera y una disminución en la calidad del servicio debido a la falta de recursos y personal.
La incorporación de un aluvión de nuevos pacientes al sistema público podría agravar aún más estos problemas, ya que la transición de fondos del sistema privado al público no sería inmediata ni suficiente para cubrir las necesidades de la población adicional. Además, como el coste de la atención sanitaria en el sistema público es más elevado, este movimiento podría aumentar significativamente los costes totales del sistema sanitario.
¿Dogmatismo ideológico o necesidad presupuestaria?
Desde Sumar, el ala más a la izquierda del Gobierno, han expresado en varias ocasiones su intención de desmantelar el sistema de mutualidades para los funcionarios, alegando que fomenta la privatización y perpetúa un privilegio del que el resto de la población no goza. Para ellos, este sistema va en contra de su visión de una sanidad pública fuerte y universal. No obstante, algunos críticos afirman que la eliminación de esta opción no responde solo a criterios económicos, sino a una motivación ideológica que busca eliminar la sanidad privada como alternativa preferida por un gran número de ciudadanos.
A pesar de que esta medida podría interpretarse como un intento de igualar las condiciones entre funcionarios y el resto de la población, la forma en que se está planteando deja mucho que desear. Si bien es cierto que la existencia de este privilegio es cuestionable, una solución más justa sería extender la libertad de elección sanitaria a todos los ciudadanos, permitiendo que cada persona decida si prefiere recibir tratamiento en la sanidad pública o privada.
Conclusión
La decisión del Gobierno de no aumentar suficientemente el presupuesto para mantener la sanidad privada de los funcionarios podría desencadenar una crisis en el sistema sanitario español. La llegada de millones de nuevos pacientes al sistema público, que ya se encuentra bajo presión, podría empeorar las condiciones de atención y aumentar los tiempos de espera. Mientras tanto, la cuestión de fondo sigue abierta: ¿debería el Estado garantizar la libertad de elección sanitaria a todos los ciudadanos, o es este un privilegio que debe eliminarse?
Conoce más sobre este tema viendo este vídeo de Juan Ramón Rallo.
