En un giro inesperado del caso de Marta del Castillo, el banco embargó la vivienda de Miguel Carcaño, principal acusado de la desaparición y asesinato de la joven. Antonio del Castillo, padre de Marta, adquirió el piso con la esperanza de que Carcaño colaborara en localizar el cuerpo de su hija. Sin embargo, Carcaño no cumplió con el pacto ni proporcionó información útil que pudiera ayudar a resolver el caso que mantiene en vilo a España desde 2009.
A pesar de los esfuerzos del padre de la víctima, encontrar posteriormente un comprador para el inmueble se convirtió en un desafío complicado. La carga emocional y mediática que rodeaba al piso influenció la decisión de posibles compradores, prolongando el proceso de venta. El desafortunado desenlace deja a la familia del Castillo sin respuestas y con un inmueble que se convirtió en un símbolo de una promesa incumplida.
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