Esther Soto, una sevillana de 45 años, vivió una pesadilla tras haber sido deportada de Estados Unidos, donde residía sin permiso legal desde 2019. Todo comenzó cuando, tras ser víctima de violencia doméstica por parte de su marido en Miami, fue ella quien terminó arrestada debido a su situación migratoria irregular. Desde entonces, Soto experimentó un calvario de seis meses en centros de detención, donde enfrentó condiciones inhumanas, incluyendo hacinamiento, privación de alimentos y agua, y maltrato constante. Su intento de regularizar su situación por ser víctima de violencia doméstica, según la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), fue en vano bajo las nuevas políticas migratorias implementadas por el gobierno de Donald Trump.
Durante su detención, la situación de Soto fue agravada por traslados constantes entre instalaciones, como el Centro de Procesamiento de Krome y el centro de detención El Valle en Texas, donde las condiciones eran especialmente severas. Las denuncias realizadas por Soto coinciden con un informe de Human Rights Watch, que resalta las violaciones a derechos humanos en estos centros. A pesar de la intervención de consulados españoles y el seguimiento legal de su caso, Soto se enfrentó a un sistema que, como describe, buscaba evitar que regularizara su situación migratoria. Finalmente, agotada por el proceso y las condiciones sufridas, pidió ser deportada, regresando a España con impacto físico y emocional tras su odisea en Estados Unidos.
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