El Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, ha dado a conocer una de las estrategias fiscales más ambiciosas y a la vez controvertidas de los últimos años: un significativo incremento tributario que busca recaudar hasta 60.000 millones de euros adicionales. Esta cifra representa uno de los mayores aumentos fiscales en la historia del país y ha desatado un intenso debate sobre sus implicaciones económicas y sociales.
Para entender el alcance de esta medida, los 60.000 millones de euros equivalen a todo el presupuesto anual dedicado a educación del Estado, multiplican por cuatro el gasto en defensa y triplican el dinero destinado a las prestaciones por desempleo. En términos de recaudación, la medida supondrá un aumento del 4% del PIB, un nivel que no tiene precedentes en la historia democrática de España.
A modo de comparación, durante la legislatura del anterior gobierno de Mariano Rajoy, conocido por implementar severas medidas fiscales en plena crisis económica, se incrementaron los ingresos en 3,1 puntos porcentuales del PIB. Esto incluyó subidas del IVA y aumentos en el IRPF. Sin embargo, el gobierno actual de Sánchez pretende alcanzar un incremento aún mayor, hasta los 7 puntos del PIB, justificando esta acción en la necesidad de alinear a España con la media de presión fiscal de la Unión Europea.
En un contexto marcado por los Fondos Next Generation, que España recibió de la Unión Europea para impulsar la recuperación tras la pandemia, el discurso gubernamental sostiene que estas inversiones requieren una sólida base fiscal. Sin embargo, múltiples críticas apuntan a que estos fondos no se han manejado con eficacia, citando ejemplos como el proyecto digitalmente controvertido «Pajaporte» y otras infraestructuras innecesarias, lo que ha exacerbado el problema del déficit y forzado esta subida de impuestos.
Aunque los detalles no están completamente definidos, varias propuestas están sobre la mesa. Se estudian incrementos en el IVA, especialmente en productos básicos, mayores impuestos sobre la vivienda, un impuesto solidario adicional a las herencias y un aumento en los impuestos medioambientales. También se contempla la posibilidad de hacer permanentes los impuestos temporales a la banca y las energéticas, aunque su contribución sería limitada en comparación con el objetivo total de recaudación.
El anuncio ha generado debate acerca de la necesidad y el efecto de esta subida fiscal en la economía. Por un lado, el Gobierno defiende que ajustar la presión fiscal a niveles europeos es crucial. No obstante, existe el temor de que el alza fiscal pueda erosionar el poder adquisitivo de los ciudadanos y afectar de manera desproporcionada a las clases medias y bajas debido a la estructura actual de los impuestos.
Un aspecto crucial que impulsa este aumento impositivo es el creciente coste del sistema de pensiones en España. Con el envejecimiento de la población y el aumento en las asignaciones anuales, el gasto en pensiones sigue subiendo. El actual sistema de reparto se enfrenta a problemas de sostenibilidad, lo que lleva a pensar en que, sin reformas estructurales, las alternativas serían recortar las pensiones o seguir incrementando los impuestos.
En conclusión, la propuesta de Pedro Sánchez para elevar la carga impositiva en un momento de incertidumbre económica es vista como un esfuerzo por modernizar y estabilizar las cuentas públicas de España, aunque no sin críticas significativas. El impacto en el bolsillo de los ciudadanos y en sectores clave de la economía será observado cuidadosamente mientras el país navega esta nueva realidad fiscal.
