En el primer trimestre del año, España expulsó a 2.515 migrantes irregulares, situándose como el quinto país de la UE con más devoluciones, según Eurostat. Las llegadas a Canarias aumentaron un 19,4% respecto al año anterior, intensificando el debate migratorio entre Gobierno y PP. Pedro Sánchez visitó Mauritania, Gambia y Senegal para frenar la inmigración irregular, mientras que el PP criticó este esfuerzo. La ley permitió expulsar a casi 70% de los migrantes de forma forzosa. La ministra de Defensa, Margarita Robles, pidió tratar la migración como un asunto de Estado, mientras que las órdenes de expulsión cayeron significativamente en comparación con el mismo periodo de 2023.
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