En un movimiento decisivo hacia la sostenibilidad, el Gobierno español ha iniciado el proceso de regulación del sector de centros de datos, buscando alinearse con la Directiva (UE) 2023/1791 y el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364. Este proyecto de Real Decreto, actualmente en consulta pública hasta el 15 de septiembre, establece que los operadores deberán reportar de manera estandarizada diversas métricas medioambientales y de eficiencia energética.
El nuevo sistema impulsará la transparencia y la comparabilidad, al requerir que los datos se publiquen anualmente a través de la base de datos europea ReportENER, gestionada por la Comisión Europea. Los operadores deberán registrar rigurosamente su consumo energético, diferenciado por fuentes de energía renovable, así como la eficiencia del uso del agua y los refrigerantes empleados.
España, al igual que otros países europeos como Países Bajos, Alemania y Finlandia, busca implementar medidas avanzadas para mejorar la sostenibilidad de estos centros. Los holandeses, por ejemplo, han establecido un índice PUE inferior a 1,2 para nuevos centros, mientras que Alemania exige la publicación de la reutilización de calor residual.
El contexto europeo señala un incremento en el consumo energético de los centros de datos, que podría llegar a representar el 3,21% del total de la UE en 2030. En respuesta, España se apoya en su mix de energías renovables y las condiciones climáticas favorables para enfriamiento, buscando así alcanzar objetivos ambiciosos de eficiencia.
Un aspecto destacable del Real Decreto es la reutilización del calor residual, práctica ya común en países nórdicos, que podría integrarse en ecosistemas de calefacción urbana en España, promoviendo un modelo de economía circular.
La implementación de estos indicadores no solo aumentará la eficiencia operativa, sino que también mejorará la competitividad de las empresas, ya que métricas como el PUE y el WUE se volverán determinantes en licitaciones y acuerdos internacionales. Con estas medidas, España potencia su papel como entrada principal del tráfico de datos hacia Europa, fomentando la inversión en infraestructuras tecnológicamente avanzadas y sostenibles.
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