La reciente propuesta del Gobierno español busca el reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales en la Unión Europea a partir de 2027, aunque de forma parcial. La iniciativa contempla que solo se traduzcan los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, lo que representa menos del 3% del total de actos jurídicos en la última legislatura. Para abordar las preocupaciones de algunos Estados miembros sobre los costos asociados a este reconocimiento, España se compromete a asumir todos los gastos, sin detallar aún una cifra específica.
El proceso de aprobación de esta propuesta es complejo, ya que requiere unanimidad entre los 27 Estados miembros y ha enfrentado objeciones por parte de varios países, incluidos Francia e Italia, sobre su viabilidad económica y legal. A pesar de las dudas jurídicas planteadas por los servicios legales del Consejo, el Gobierno español continúa presionando para obtener el apoyo necesario. Además, el marco planteado establece que cualquier futura solicitud de inclusión de otra lengua se evaluará caso por caso, cumpliendo criterios estrictos, para evitar abrir precedentes que puedan ser problemáticos para otros Estados con lenguas minoritarias.
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