La vivienda en España se ha convertido en un eje central del debate social y político. A medida que los precios continúan ascendiendo, las familias y los jóvenes encuentran cada vez más obstáculos para acceder a un hogar. Este fenómeno no se debe únicamente a la especulación inmobiliaria o a la escasez de oferta, sino a una elevada fiscalidad que asfixia al sector.
Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), en 2024 el Estado recaudó más de 50.000 millones de euros en impuestos vinculados a la vivienda, representando el 3,5% del PIB nacional. Este formidable volumen de ingresos contrasta con el limitado esfuerzo público en políticas de vivienda, que apenas alcanza el 0,5% del PIB. Este desajuste sitúa a España entre los países de la OCDE con mayor carga fiscal sobre la propiedad inmobiliaria.
De hecho, un análisis revela que uno de cada cinco euros del coste de una vivienda corresponde a impuestos. Por ejemplo, un piso de 300.000 euros costaría cerca de 240.000 en ausencia de estas cargas fiscales. Este diferencial afecta notablemente a las familias, que podrían utilizar ese ahorro para el pago inicial de una hipoteca o para solicitar un préstamo con mejores condiciones.
La fiscalidad afecta cada etapa del proceso inmobiliario, desde la adquisición del suelo por parte del promotor hasta las tasas urbanísticas y el IVA que paga el comprador final. En total, hasta 16 figuras tributarias distintas impactan en la construcción y compraventa de viviendas.
A nivel europeo, España presenta uno de los tipos impositivos más altos en compraventa de viviendas, solo superado por Bélgica y Reino Unido. Además, la tributación sobre plusvalías, que puede llegar hasta el 30%, también supera ampliamente la media europea.
Esta carga fiscal tiene consecuencias sociales palpables. Con precios de la vivienda que se asemejan a los niveles de burbuja, el Estado continúa recaudando grandes sumas del sector, pero invierte poco en vivienda social. España apenas cuenta con un 1,7% de parque de vivienda social, comparado con el 9% de media en Europa.
Los expertos plantean posibles reformas para aliviar la carga fiscal: reducir el IVA en viviendas de primera residencia, ajustar la tributación de plusvalías por inflación, rebajar el IBI en zonas tensionadas e incentivar la rehabilitación con deducciones fiscales. Sin embargo, la duda persiste sobre cuál administración estaría dispuesta a sacrificar parte de su recaudación.
En 2024, el Estado central captó el 50,4% del total recaudado, las comunidades autónomas el 22,9% y los ayuntamientos el 26,6%. Este reparto sugiere que cualquier reducción fiscal requeriría ajustes significativos en los presupuestos.
España enfrenta un dilema: mantener la actual recaudación perpetúa la inaccesibilidad a la vivienda, mientras que reducir la presión fiscal implicaría renunciar a un flujo de ingresos crucial. En un contexto donde el coste de la vivienda ya exige 7,5 años de salario bruto medio y las hipotecas absorben el 39% de la renta familiar, el camino hacia una solución se vislumbra complejo.
La cuestión no es si se deben reducir los impuestos, sino cómo hacerlo sin comprometer los ingresos públicos y transformar la fiscalidad en una herramienta que facilite el acceso a la vivienda.
