En un momento histórico donde la inteligencia artificial (IA) se erige como el gran motor de la innovación global, España ha tomado una dirección contraria al imponer un anteproyecto de ley que, en vez de potenciar el sector, lo encorseta con restricciones severas que podrían relegar al país al papel de mero consumidor tecnológico en vez de un competidor pionero. Esta nueva normativa, impulsada por el Gobierno, busca, según sus formuladores, asegurar un uso «ético, inclusivo y beneficioso» de la IA. No obstante, lo que se vislumbra son más prohibiciones y sanciones que incentivos claros para el desarrollo y la investigación.
Las medidas propuestas por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, abogan por crear un marco regulador en torno a la IA, bajo el pretexto de proteger la democracia de posibles usos malintencionados de esta tecnología. Sin embargo, en poco tiempo, estas acciones podrían dejar al país varado en la carrera por la innovación tecnológica que definen las principales economías del mundo.
El anteproyecto de ley se desmarca de la normativa europea existente al introducir restricciones adicionales que incluyen la prohibición de prácticas como la manipulación subliminal y la clasificación biométrica. Aunque parecen medidas con una intención preventiva, en la práctica, su implementación sería compleja, dado que estas tecnologías no solo están ampliamente extendidas globalmente, sino que son áreas donde otros países están haciendo inversiones significativas. La prohibición del uso de sistemas de puntuación social o de la inferencia emocional podría tener más un efecto ornamental que práctico, marcando una vara que parece más un símbolo de control que un gesto hacia una innovación responsable.
A nivel global, donde la competencia por el liderazgo en IA está impulsada por incentivos financieros y un entorno propicio para la investigación, el enfoque español podría traducirse en una fuga de talento hacia lugares con una atmósfera menos restrictiva. Las sanciones previstas, que alcanzan hasta los 35 millones de euros, no hacen más que cimentar el mensaje de que la entrada al mercado de la IA en España podría estar llena de obstáculos legales, un mensaje disonante con las tendencias de fomento de la innovación que se observan en otras latitudes.
La implementación de sandboxes o entornos controlados para pruebas de IA, otro elemento incluido en la ley, parece ser un intento de balancear las regulaciones con el desarrollo experimental. No obstante, la burocracia asociada con la supervisión de tales proyectos podría ahogar cualquier intento de agilidad y creatividad que caracteriza al sector tecnológico, empantanando procesos que en otros países se llevan a cabo con celeridad y en tiempo real.
El amplio consenso es que mientras el mundo se mueve hacia una era donde las economías se transforman radicalmente gracias a la inteligencia artificial, España corre el riesgo de quedarse en un segundo plano, reducida a adoptar tecnologías desarrolladas por otros en lugar de crear las propias. Las implicaciones de este anteproyecto, si se aprueba en su estado actual, podrían significar un bloqueo a décadas de progreso tecnológico en favor del cumplimiento regulador. El país enfrenta la imperante necesidad de reevaluar y quizás redireccionar su enfoque si desea asegurarse un lugar en la mesa de los innovadores en IA del futuro.
