El Gobierno español ha decidido intensificar su lucha contra el fraude telefónico con la implementación de medidas más estrictas a partir del 7 de junio. Este sábado, entrarán en vigor dos restricciones clave: la prohibición de llamadas internacionales que se hacen pasar por nacionales y la abolición de llamadas comerciales desde móviles, una estrategia destinada a proteger a los ciudadanos de las estafas telefónicas.
Las cifras de fraude telefónico han alcanzado niveles preocupantes, como lo demuestran los más de 14 millones de llamadas fraudulentas bloqueadas desde marzo. La media diaria también es alarmante, con 10,000 mensajes SMS sospechosos interceptados. La estrategia que comenzó el 7 de marzo de 2025 requiere que los operadores bloqueen números no asignados, resultando en la interrupción de más de 230,000 llamadas diarias con objetivos potenciales de fraude.
Las estafas telefónicas se han sofisticado, combinando llamadas no deseadas con mensajes de texto y contactos a través de aplicaciones como WhatsApp. Casos conocidos incluyen solicitudes urgentes de dinero tras suplantar identidades cercanas. Además, el phishing mediante SMS ha aumentado, utilizando el nombre de entidades oficiales para engañar a los ciudadanos.
Con la puesta en marcha de estas nuevas restricciones, se busca cerrar el paso a aquellas llamadas internacionales disfrazadas de nacionales, táctica común para generar confianza en los receptores. Asimismo, se pretende frenar el uso de móviles para llamadas comerciales, permitiendo únicamente líneas fijas o números gratuitos para estos fines.
A pesar de los esfuerzos, expertos indican un resurgimiento en el uso de líneas fijas para el spam, trasladando el problema a un segmento vulnerable como el de las personas mayores, dado que estas no estuvieron bajo restricciones severas anteriormente. Asociaciones de consumidores han manifestado preocupación, instando a un refuerzo legislativo contra el marketing intrusivo y el fraude.
El éxito de las medidas se ha logrado gracias a la cooperación entre el Gobierno, operadores de telecomunicaciones y tecnológicas, que han implementado características avanzadas para la detección de fraudes. La población también juega un papel crucial a través de la concienciación y la denuncia de intentos fraudulentos.
España se perfila como un líder en Europa en la protección contra las estafas telefónicas. La prioridad gubernamental radica en mantenerse un paso adelante ante el constante avance tecnológico del fraude, asegurando que la confianza en la comunicación sea preservada.
Para los usuarios, las recomendaciones incluyen no responder a llamadas desconocidas, evitar enlaces dudosos en mensajes, utilizar aplicaciones antispam y denunciar actividades sospechosas. Estas acciones son vitales para completar un sistema de protección efectivo que ya ha comenzado a mostrar resultados significativos en la lucha contra el fraude telefónico.
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