En junio de 2023, tras 15 años de intensas negociaciones en la ONU, se adoptó un trascendental tratado de protección de la biodiversidad marina para las aguas internacionales, un logro crucial en el ámbito de la legislación medioambiental global. A pesar de este avance, el tratado aún no ha entrado en vigor, ya que se requiere el respaldo de 60 países, y actualmente solo 21, incluida España, han completado su ratificación. La resistencia para su aprobación se ve exacerbada por la política ambiental del presidente de EE. UU., Donald Trump, conocida por su hostilidad hacia los acuerdos internacionales en pro del medio ambiente. En este contexto crítico, la vicepresidenta tercera de España, Sara Aagesen, se ha destacado como una ferviente defensora del tratado, instando a más de 150 países a ratificarlo como un paso indispensable para la protección de los océanos y el uso sostenible de los recursos marinos.
Las expectativas están puestas en la próxima conferencia de los océanos de la ONU, programada para junio en Niza, Francia, como una fecha clave para lograr avances significativos en la ratificación del tratado. Sin embargo, expertos como Rémi Parmentier expresan crecientes dudas sobre la posibilidad de alcanzar el número necesario de ratificaciones a tiempo, debido a la lentitud habitual de estos procesos y la inestabilidad generada por el resurgir del populismo anti-globalización. Mientras tanto, el 2025 se perfila como un año decisivo para la diplomacia medioambiental, con negociaciones pendientes sobre la contaminación plástica y otras medidas cruciales. Ante los desafíos actuales y los ataques al multilateralismo ambiental liderados por la administración Trump, se subraya la importancia de reforzar el derecho internacional y explorar vías alternativas, como acuerdos plurilaterales, para avanzar en la protección del medio ambiente, incluso sin la participación de Estados Unidos.
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