El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha rechazado las solicitudes de la Comisión Europea para alterar los fallos que anularon los acuerdos comercial y pesquero entre la UE y Marruecos por no contar con el consentimiento del pueblo saharaui. A pesar de la presión ejercida por los gobiernos de España y Francia, el tribunal mantuvo intactos los fallos que establecen la clara distinción entre el «pueblo saharaui», quién es el titular del derecho a la autodeterminación, y la «población» actual del Sáhara Occidental, en su mayoría no saharaui debido al desplazamiento motivado por la ocupación marroquí. La organización Western Sahara Resource Watch destaca que estos intentos por modificar los términos de la sentencia representan un intento de manipulación diseñado para socavar el derecho del pueblo saharaui.
Además de la situación legal, se ha criticado la falta de transparencia con la que la Comisión Europea gestionó el asunto, no informando a los parlamentarios de la UE sobre sus intentos de modificar las resoluciones de las sentencias. Igualmente, ni el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ni otras autoridades pertinentes, hicieron mención de estas acciones en sus declaraciones públicas y antes las autoridades legislativas españolas. Con la decisión del TJUE, se reafirma la autonomía del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales y se obstruye cualquier maniobra que pretenda legitimar la presencia marroquí mediante la manipulación de la composición demográfica de la región.
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