El Gobierno ha dado un paso significativo hacia la independencia científica y tecnológica al aprobar un Real Decreto-ley que establece los Centros de Interés Nacional para la Soberanía Científica y Tecnológica. Este nuevo estatus beneficiará inicialmente a un máximo de 20 centros públicos que desarrollan investigaciones punteras en áreas como los semiconductores avanzados, la inteligencia artificial y las tecnologías cuánticas. El decreto, anunciado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el 20 de noviembre de 2026, también transforma el Barcelona Supercomputing Center (BSC) en una fundación pública y aumenta las deducciones fiscales por innovación tecnológica del 12 % al 15 %.
Este decreto, que deberá ser convalidado por el Congreso en los próximos 30 días, otorga reglas más flexibles en contratación, compras y transferencia a los centros seleccionados durante un período de cinco años, renovable una vez. Una comisión interministerial, con representación de catorce ministerios incluyendo Defensa, Transformación Digital, Industria y Economía, será la encargada de decidir qué centros obtienen esta distinción.
En este contexto, el BSC, responsable del superordenador MareNostrum 5, ha sido reestructurado como fundación pública, lo que le otorga mayor autonomía para la gestión y la posibilidad de crear una empresa destinada a comercializar los resultados de sus investigaciones.
El decreto también introduce importantes cambios fiscales para el sector privado. Las empresas sin beneficios podrán ahora monetizar hasta tres millones de euros anuales en deducciones relacionadas con la innovación, una mejora considerable respecto al límite anterior de un millón de euros. Además, se extiende el período de bonificaciones a la Seguridad Social para el personal indefinido en I+D de tres a cinco años y se aumenta la bonificación mensual para contratos predoctorales en empresas de 115 a 200 euros.
Detrás de estas medidas, subrayó la ministra Diana Morant, se encuentra la visión de que «la soberanía tecnológica se construye desde la ciencia pública», destacando cómo el liderazgo en ciencia y tecnología es fundamental para la autodeterminación de los países en un mundo cada vez más interconectado y dependiente de los avances en estos campos.
Sin embargo, el decreto no detalla el coste financiero de estas iniciativas ni la cuantía exacta que recibirán los centros seleccionados. Tampoco se han publicado los criterios de evaluación para la selección de estos centros de interés nacional. Este paso sigue la línea de políticas como la Estrategia Deep Tech España, que anticipa movilizar más de 8.000 millones de euros hasta 2030, y el Plan Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica aprobado en 2025.
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