El régimen de Nicolás Maduro impuso restricciones severas al presidente electo de Venezuela, Edmundo González, facilitando su salida del país bajo protección diplomática, pero condicionándola a su estancia en España. Según fuentes de inteligencia, esta decisión buscó mantener a González bajo la vigilancia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), cuyos agentes operan activamente en Madrid. La capital española, conocida por ser un núcleo de la diáspora venezolana opositora, se ha convertido en un punto de intensidad informativa sobre las actividades de dichos exiliados, en parte debido a la importante presencia de informantes chavistas que monitorean sus movimientos.
Este escenario de vigilancia ha sido facilitado por la significativa migración venezolana hacia España, donde actualmente residen cerca de medio millón de personas de origen venezolano, de las cuales 188,209 tienen la condición de refugiado. En un contexto donde la actividad de los servicios de inteligencia extranjeros en España ha aumentado notablemente, según el último informe del Departamento de Seguridad Nacional, el Parlamento español ha reconocido a González como presidente electo, a pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha resistido a aceptar su victoria oficial sobre Maduro. Esta decisión parlamentaria, apoyada por partidos como el PP, PNV y Vox, resalta las divisiones políticas internas respecto a la postura frente al régimen chavista.
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