El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha lanzado una consulta pública con el objetivo de redactar una norma que fortalezca la seguridad de las redes de comunicaciones electrónicas ante eventos extraordinarios. Este movimiento se fundamenta en el artículo 63 de la Ley General de Telecomunicaciones de 2022, que exige a los operadores garantizar la continuidad del servicio y notificar incidentes significativos.
La iniciativa surge tras el apagón nacional de abril, que dejó partes del país incomunicadas tras agotar sus reservas de energía. La pandemia de COVID-19, la erupción volcánica en La Palma en 2021 y la DANA que afectó al Mediterráneo en 2024 son otros eventos que han tensado las infraestructuras y que el Ministerio busca abordar con esta normativa.
El borrador propone la implementación de planes de contingencia obligatorios, plazos de notificación claros para incidentes de seguridad y mecanismos de coordinación institucional. Estos planes incluirían medidas como la capacidad energética de respaldo, rutas alternativas de comunicación y pruebas de conmutación y generadores.
La norma busca anticiparse a una creciente dependencia digital, con tecnologías como IoT y big data aumentando la superficie de riesgo. La consulta pública actualmente recopila opiniones sobre los problemas a resolver, la necesidad de la norma y alternativas regulatorias. El Ministerio planea elaborar un proyecto normativo posterior a la consulta.
Para los usuarios finales, se espera una mayor resiliencia en los servicios básicos durante eventos extremos. La nueva regulación también prevé sanciones para incumplimientos y se alineará con marcos normativos europeos como NIS2 y el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.
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