El mercado laboral en España sigue mostrando signos de fortaleza, con perspectivas optimistas para 2026, aunque también enfrenta desafíos importantes que podrían limitar su crecimiento y sostenibilidad. Las estimaciones de BBVA Research, la OCDE y el Instituto Nacional de Estadística indican que, a pesar de un sólido arranque en 2025, las empresas y el gobierno deberán afrontar nuevos retos en costes laborales, regulación y productividad.

Durante 2025, la economía española logró un crecimiento superior al esperado, impulsada por la demanda interna y el aprovechamiento de fondos europeos NextGenerationEU. Este escenario favorable se reflejó en un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,9%, acompañado de una generación significativa de empleo, que creció aproximadamente un 2,5% respecto a 2024. La tasa de paro media se redujo hasta el 10,6%, en un contexto donde la población extranjera jugó un papel clave para compensar el envejecimiento de la fuerza laboral nativa y cubrir vacantes en sectores clave.

Para 2026, las previsiones apuntan a que la economía mantendrá esta tendencia de recuperación, aunque con un ritmo ligeramente desacelerado. Se espera que el PIB crezca a un ritmo del 2,4%, mientras que la creación de empleo será del 2,3%, reduciendo nuevamente la tasa de paro hasta el 10%. Sin embargo, los analistas advierten que la baja productividad por trabajador, influida en parte por la reducción de horas laborales y un menor uso de la tecnología, podría limitar la capacidad de sostenibilidad del crecimiento laboral a medio plazo.

Uno de los mayores retos para el próximo año será gestionar los crecientes costes laborales y no salariales. El aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social, impulsado por mecanismos como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y la subida de los salarios públicos, va a elevar la carga fiscal sobre las empresas y los trabajadores, especialmente en el segmento de las pymes. El proceso de destope de las bases máximas de cotización y el incremento en las cuotas para autónomos también contribuirán a elevar los costes, presentando dificultades para la contratación de talento cualificado y afectando la competitividad de las empresas.

Además, la regulación laboral continúa endureciéndose. La implementación de un nuevo sistema de registro horario digital, que reemplaza las flexibles modalidades de control de jornada, representa un reto organizativo, sobre todo para las pymes, que ahora deberán adaptarse rápidamente a mecanismos que eliminan las formas informales de flexibilidad y control del tiempo de trabajo.

En cuanto a la adopción tecnológica, aunque la introducción de la Inteligencia Artificial Generativa comienza a extenderse, su uso en ámbitos profesionales aún es limitado. Solo un 17,9% de la población emplea estas herramientas para tareas laborales, en contraste con el 37,9% que las aplica en su vida privada. Esta brecha tecnológica y generacional obliga a las empresas a invertir en reciclaje profesional, que será esencial para no quedar rezagadas frente a la rápida evolución digital.

Por otra parte, la dinámica del mercado laboral también muestra síntomas de cierto estancamiento en la flexibilidad, evidenciado por una ligera caída en el teletrabajo, que se sitúa en torno al 14,8%. La dificultad para atraer talento joven, particularmente en modelos de trabajo híbrido, puede ser un freno para futuras contrataciones y crecimiento en sectores que demandan esquemas laborales flexibles.

A pesar de estas presiones, las perspectivas globales para España siguen siendo alentadoras. La recuperación económica y el aumento en la generación de empleo contribuyen a una posición relativa favorable en Europa. Sin embargo, los analistas advierten sobre las vulnerabilidades que presenta la economía española, entre ellas la baja productividad comparada con otros países del bloque y las dificultades que afrontan las pequeñas y medianas empresas frente a la escalada de costes laborales y regulatorios.

El gran desafío para 2026 será lograr que las políticas económicas y laborales enfoquen su impulso en la innovación, la formación y una regulación que permita mantener la competitividad sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema de protección social. Solo así, España podrá aspirar a un crecimiento inclusivo, donde la generación de empleo y la mejora de la calidad del mismo sean compatibles con una economía más productiva y capaz de afrontar los cambios globales.