El reciente anuncio del Consejo de Ministros marca un hito en la estrategia nacional de ciberseguridad de España, con la aprobación de un ambicioso conjunto de medidas valorado en 1.157 millones de euros. Este plan busca fortalecer las defensas digitales del país ante el creciente número de amenazas cibernéticas y se integra dentro del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.
En el año 2024, España registró más de 100,000 ciberataques, con incidentes «muy graves» ocurriendo cada tres días. Esta escalada de ataques, que ha aumentado en un 300% desde 2015, resalta la urgencia de esta iniciativa que aborda los desafíos de la inteligencia artificial, la computación cuántica y el cambiante contexto geopolítico.
Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, reafirmó el compromiso de España con la ciberseguridad, destacando que el país es líder europeo en este campo y segundo mundial en número de centros especializados, solo detrás de Estados Unidos. Este liderazgo se busca consolidar con una estrategia que proteja derechos digitales y garantice la resiliencia económica del estado.
El nuevo paquete de medidas responde a la expansión de infraestructuras digitales, el incremento del uso de tecnologías disruptivas, y la evolución de los sistemas de detección y respuesta ante amenazas. Las principales acciones incluyen el impulso del Centro de Operaciones de Seguridad 5G, el fortalecimiento de la ciberresiliencia administrativa, y la integración de inteligencia artificial avanzada en la detección de ciberataques.
La distribución del presupuesto contempla una participación significativa del Ministerio de Defensa, que gestionará el 60,4% a través de organismos como el CNI y el Mando Conjunto del Ciberespacio. El Ministerio del Interior recibirá un 16,34%, mientras que el Ministerio para la Transformación Digital y otros organismos como INCIBE se encargarán del 22%. Un pequeño porcentaje del presupuesto se destinará al Departamento de Seguridad Nacional.
Este enfoque integral no solo amplía el Plan Nacional de Ciberseguridad sino que también refuerza la defensa del ciberespacio español en un momento en que las amenazas no solo afectan sistemas, sino también intentan socavar instituciones democráticas y derechos individuales. Con estas acciones, España consolida su apuesta por convertir la ciberseguridad en una política clave para su desarrollo digital, resiliencia económica y soberanía tecnológica.
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