Ocho comunidades autónomas en España, entre ellas Madrid, Andalucía y Galicia, han declarado una emergencia de interés nacional debido a un apagón que ha afectado significativamente al país. En respuesta, las autoridades han decidido mantener abiertos los colegios pero sin actividad lectiva, con el fin de facilitar la conciliación familiar. La gestión está siendo liderada por el Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska. Durante una rueda de prensa, el presidente Pedro Sánchez explicó que España perdió el 60% de su capacidad eléctrica en cuestión de segundos y aún se desconoce la causa del apagón. Sánchez enfatizó la importancia de seguir las instrucciones autonómicas y priorizar la seguridad.
Por otro lado, el Gobierno ha garantizado la protección de los derechos laborales para aquellos que no pueden asistir a sus trabajos debido a problemas de desplazamiento o cortes de suministro. Se ha subrayado que los trabajadores de servicios no esenciales que enfrenten dificultades deben abstenerse de trasladarse. Esta medida busca aliviar los efectos del apagón y asegurar que los empleados no pierdan sus retribuciones. El Ministro del Interior ha hecho hincapié en la importancia de esta protección, destacando que los derechos laborales están asegurados para aquellos afectados por los problemas derivados del apagón nacional.
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