En San Francisco, un intenso debate se desenvuelve en torno a las potenciales consecuencias para la policía local por violar una ley de supervisión de la vigilancia. Esta normativa, instaurada en 2019, estipula que los cuerpos de seguridad deben recibir la aprobación de los funcionarios electos antes de adoptar nuevas tecnologías de espionaje. A pesar de las reformas que han debilitado su alcance, los ciudadanos aún conservan el derecho a demandar si se detecta incumplimiento de esta normativa, pudiendo incluso recuperar los honorarios legales si ganan el caso.
El supervisor Matt Dorsey cuestionó la validez de esta disposición, argumentando que fomenta litigios sin fundamento que derrochan fondos públicos. Sin embargo, se resalta que entre 2010 y 2023, la ciudad de San Francisco pagó cerca de 70 millones de dólares en acuerdos civiles por diversas alegaciones contra el Departamento de Policía, desde mala conducta hasta despidos injustificados. Este gasto refleja una compensación necesaria para las víctimas y subraya la importancia de la responsabilidad en el uso de tecnologías de vigilancia.
El «derecho de acción privada» es un elemento vital para permitir que los ciudadanos responsabilicen legalmente a la policía en caso de infracciones. Sin un mecanismo de rendición de cuentas, la efectividad de la ley podría verse comprometida, como lo demuestra la reciente revelación de que el Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) ignoró la ley AB 481 de California, que requiere autorización antes de adquirir equipo militar.
La creciente militarización y la colaboración con entidades federales refuerzan la necesidad de transparencia y responsabilidad en las prácticas de vigilancia. Se han reportado ya violaciones de ley en la divulgación de datos de vigilancia a agencias como ICE, lo que acentúa la urgencia de un marco regulatorio sólido.
La Junta de Supervisores enfrenta ahora un llamado a desestimar la propuesta de Dorsey. La policía debe adherirse a las normativas vigentes para evadir litigaciones y el pago de costosos honorarios legales, asegurando un equilibrio crucial entre seguridad y derechos civiles.
