En el complejo entramado político colombiano, la comisión interparlamentaria de crédito público ha cobrado relevancia debido a las tensiones entre el Legislativo y el Ejecutivo durante los dos años de gobierno de Gustavo Petro. Esta instancia, integrada por tres senadores y tres representantes, tiene la potestad de autorizar el endeudamiento del Ejecutivo, un trámite que normalmente es un formalismo, pero que ha adquirido un peso incierto ante las recientes disputas. El lunes pasado, el intento del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de obtener un aval para gestionar créditos internacionales por 5.000 millones de dólares fracasó debido a la falta de quórum, provocada por la renuncia de dos miembros de la comisión, Wadith Manzur y Karen Manrique, ambos envueltos en una investigación por presunta compra de votos y corrupción.
Este episodio se inserta en un contexto de acusaciones de corrupción que involucran también al ministro Bonilla, señalado por una exasesora y exdirectivos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres de haber intentado desviar fondos para asegurar el apoyo de congresistas en la aprobación de créditos públicos. La Corte Suprema de Justicia ha iniciado un proceso investigativo al respecto, mientras que las relaciones entre el Gobierno y el Congreso se complican, especialmente en lo que respecta a la aprobación de la crucial ley de financiamiento propuesta para 2025. En este escenario, voces críticas como la de Alejandro Gaviria señalan deficiencias sistémicas y proponen la eliminación de la comisión de crédito, argumentando que su función se ha reducido a ser un instrumento de extorsión por parte de ciertos congresistas, reflejando un panorama político saturado de clientelismo y maniobras partidistas.
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