Los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, JUPOL y SUP, han cuestionado la decisión del Ministerio del Interior de asignar recursos públicos para proporcionar escolta policial a la tertuliana Sarah Santaolalla, después de que una juez desestimara su solicitud de orden de alejamiento contra el periodista Vito Quiles por una alegada agresión. Los representantes sindicales han exigido al ministro Fernando Grande-Marlaska que aclare los informes técnicos que justifican esta medida, así como si se han desviado efectivos de otras unidades operativas para este servicio, en un contexto de escasos recursos policiales.

Por su parte, JUPOL ha calificado de «absoluto escándalo» esta asignación de recursos, al compararla con la situación de muchas víctimas de violencia de género que en ocasiones reciben una atención mínima por parte de la Policía. En un momento en que los agentes a menudo tienen que realizar el seguimiento de más de cien mujeres con protección activa, los sindicatos subrayan que cada agente destinado a escoltas cuestionables reduce la capacidad de la Policía para atender necesidades más urgentes en la comunidad. Estos cuestionamientos también resaltan un patrón de abuso en la protección policial de figuras públicas y políticas, evidenciando un desbalance en la distribución de recursos en materia de seguridad.

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