En medio de una creciente controversia, la secretaria general de la Presidencia ha sido vinculada a un escándalo en la Agencia de Discapacidad. Fuentes internas y documentos filtrados señalan que su influencia en la adjudicación de contratos y manejo de fondos ha sido cuestionada, lo que ha despertado una ola de críticas hacia la administración. El presidente, quien ha sido visto refiriéndose a ella como «el jefe», enfrenta ahora presiones para aclarar su papel y el grado de implicación en estas polémicas operaciones.
La situación ha generado reacciones mixtas en el ámbito político y social, dividiendo opiniones sobre la transparencia y ética en la gestión gubernamental. Las organizaciones de derechos de la discapacidad han expresado su preocupación por el impacto de este escándalo en los servicios y apoyos necesarios para las personas con discapacidades. Mientras tanto, el gobierno ha anunciado una investigación interna para determinar la veracidad de las acusaciones y asegurar el correcto uso de los fondos públicos, con el objetivo de restablecer la confianza de la ciudadanía.
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