El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto en el epicentro de la actualidad política a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, al que los investigadores vinculan con la gestión y reparto de presuntas comisiones derivadas de adjudicaciones públicas irregulares durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.
El documento, al que ha tenido acceso este medio, detalla conversaciones intervenidas y movimientos económicos que implican a Cerdán, Ábalos y su exasesor Koldo García. Entre los elementos más relevantes, la UCO apunta a la gestión de hasta 620.000 euros procedentes supuestamente de la constructora Acciona, de los que 550.000 euros estarían asociados a dos adjudicaciones en Murcia, y el resto a operaciones no especificadas. Además, quedarían otros 450.000 euros pendientes de abono vinculados a contratos en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat.
Cronología de las reacciones políticas
La publicación del informe ha desatado una tormenta política. Los socios del Gobierno, como Sumar, han exigido el cese inmediato de Cerdán y la entrega de su acta de diputado. Más Madrid y Podemos han pedido públicamente que el PSOE actúe con contundencia y que el presidente Pedro Sánchez ofrezca explicaciones “en primera persona” ante la gravedad de los hechos. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado la situación de “lo nunca visto en política española” y ha instado a la prudencia a la espera de estudiar el sumario judicial.
Mientras tanto, el propio Cerdán ha manifestado a los medios su disposición a declarar voluntariamente ante el Tribunal Supremo el próximo 25 de junio, acatando la citación del juez instructor. Asegura que colaborará con la justicia y que dará las explicaciones necesarias.
El trasfondo: conversaciones intervenidas y la gestión de fondos
Entre las pruebas aportadas, destacan las conversaciones grabadas por la Guardia Civil en las que Koldo García solicita a Cerdán el pago de 150.000 euros a Ábalos, supuestamente para resolver cuestiones personales del exministro. La UCO sostiene que estas “contraprestaciones económicas” se habrían canalizado mediante la manipulación de procesos de contratación pública, con la intervención de altos cargos y responsables de entidades públicas como ADIF y la Dirección General de Carreteras.
El informe también menciona la posible participación de la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, investigada por la Audiencia Nacional, y de otros altos funcionarios, en la presunta trama de adjudicaciones irregulares.
Implicaciones políticas y posibles consecuencias
La gravedad de los hechos relatados por la UCO ha generado un intenso debate en el Congreso y en la opinión pública. Se plantea si Pedro Sánchez debe apartar temporalmente a su secretario de Organización hasta que se aclaren los hechos, mientras los grupos de la oposición consideran que el Gobierno no puede mirar hacia otro lado ante sospechas de corrupción en el seno del partido.
A nivel judicial, la apertura de una pieza separada en el sumario permitirá profundizar en la investigación patrimonial de los implicados, acordar posibles medidas cautelares y avanzar en la instrucción del caso, siguiendo las garantías procesales habituales.
Un caso que puede marcar la legislatura
Voces como la de Ione Belarra (Podemos) han advertido que, si se confirman las informaciones y responsabilidades políticas, este escándalo podría “cambiar el rumbo de la legislatura”, y desde el PSOE se multiplican las voces internas que reclaman explicaciones urgentes y transparencia.
La crisis está servida en el seno del Gobierno, mientras la sociedad española asiste con expectación al desarrollo de una investigación que puede tener importantes consecuencias políticas, judiciales y mediáticas.
