El presidente colombiano Gustavo Petro confirmó este jueves la muerte de al menos ocho policías tras un ataque perpetrado por disidentes de las extintas FARC en el departamento de Antioquia. El helicóptero atacado, perteneciente a la dirección antinarcóticos, estaba en misión de erradicación de cultivos de coca en Amalfi. Según las primeras versiones, los criminales utilizaron drones con explosivos para derribar la aeronave, y la autoría del hecho se atribuye al frente 36 del EMC. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había indicado momentos antes que el ataque podría haber sido realizado por el Clan del Golfo, otro de los principales grupos ilegales del país. Tanto la Policía Nacional como el gobierno desplegaron recursos para atender la crisis y aseguraron que seguirán combatiendo a los grupos armados en la región.
El director general de la Policía Nacional expresó su condena al ataque, destacando que se están desplegando mayores capacidades en la zona. En medio del dolor y la reacción oficial, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, crítico del gobierno, denunció la falta de atención a los heridos y utilizó el incidente para cuestionar la política de paz total de Petro. Paralelamente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reflexionó sobre la guerra contra las drogas, señalando que «los muertos en la fallida guerra contra las drogas los pone Colombia». En medio de esta crisis, medios informaron sobre otro atentado en Cali, cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez, incrementando la tensión en el país.
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