Hace más de una semana, un apagón dejó a España a oscuras sin una explicación clara por parte del gobierno de Sánchez. Mientras algunos ven el suceso como una ocasión para demostrar la resiliencia española, otros critican la falta de transparencia y la culpan parcialmente a las empresas privadas. Aunque el costo económico del apagón se estima entre 800 y 1,600 millones de euros, el debate se centra en la respuesta del gobierno y el papel de la interconexión energética con Marruecos y Francia. Mientras tanto, las críticas se han desviado hacia aquellos que cuestionan la gestión del apagón, calificándolos de «fascistas energéticos» que desafían las políticas de energías renovables.
El apagón también tuvo consecuencias trágicas, con al menos siete personas fallecidas debido a fallas en dispositivos médicos alimentados por electricidad. En ciudades como Ourense, Valencia y Carabanchel, la falta de suministro desencadenó varios incidentes mortales. A pesar de la gravedad de estos sucesos, las reacciones institucionales han sido limitadas, centrándose más en el análisis y el señalamiento político que en ofrecer disculpas o soluciones concretas. La ministra de Transición Ecológica no descarta un ciberataque como posible causa, pero la verdadera responsabilidad parece quedar relegada a un segundo plano, en un clima donde la búsqueda de la verdad compite con intereses ideológicos.
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