La situación de emergencia en Paiporta ha dejado al descubierto las deficiencias en la respuesta gubernamental ante una catástrofe. La ausencia de orden y de asistencia por parte del Estado ha llevado a que los ciudadanos tomen la justicia y la solidaridad en sus propias manos, en un escenario que recuerda a un territorio en guerra. Con las infraestructuras colapsadas y un impulso de supervivencia, los habitantes se enfrentan a saqueadores y el deterioro del espacio público, haciendo palpable el impacto de la falta de intervención oportuna de las autoridades. En medio de este caos, las comunidades afectadas se convierten en burbujas aisladas, sin información confiable que esclarezca la magnitud de la tragedia, lo que genera un caldo de cultivo para la desconfianza y la desesperación.
La visita de figuras políticas como el presidente valenciano Carlos Mazón, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y el Rey Felipe VI fue recibida con rechazo y protestas. Este desencanto generalizado destapó una crítica severa hacia la gestión de la crisis, con el Rey Felipe encarnando el último baluarte de la institucionalidad en esta crisis. A pesar de su intento de mostrarse cercano, el sentimiento de abandono ha provocado frustración entre la población, agravada por la falta de acción preventiva frente a las alertas meteorológicas y la tardanza en la llegada de ayuda. En este contexto, la carga política se intensifica, alimentando el rencor ciudadano que reclama respuestas rápidas y efectivas para mitigar el dolor y la incertidumbre que persisten tras esta tragedia.
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