El Impuesto sobre el Patrimonio en España es un tributo directo y personal que se enfoca en el patrimonio neto de las personas físicas, gravando los bienes y derechos de contenido económico, excluyendo las cargas, gravámenes y deudas. Este impuesto, que afecta a más de 200,000 contribuyentes, se presenta anualmente de abril a junio, coincidiendo con la campaña de la Renta, utilizando el Modelo 714 de manera electrónica. Aunque el impuesto se devenga el 31 de diciembre de cada año, su aplicación varía significativamente según las comunidades autónomas. Estas pueden ajustar el esquema impositivo mediante reducciones en el mínimo exento, modificaciones en la tarifa y la implementación de deducciones y bonificaciones, influenciadas en gran medida por la vigencia del Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas.
El cálculo del impuesto se basa en sumar todos los bienes de los contribuyentes, restando las deudas. A la vivienda habitual se le aplica una exención hasta de 300,000 euros y, sobre el patrimonio neto resultante, se deduce un mínimo exento de 700,000 euros para obtener la base liquidable. Sobre esta base se aplican diferentes tramos impositivos. Las comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, y Comunidad Valenciana, entre otras, aplican sus propias escalas de gravamen, algunas ofreciendo bonificaciones del 100% u otras condiciones peculiares. Comunidades como Aragón, Canarias y La Rioja mantienen el mínimo exento estatal, mientras que otras, como Cantabria y Extremadura, optan por una bonificación total del impuesto, ajustando normativas para garantizar los ingresos fiscales mientras se mantiene la vigencia del impuesto temporal para grandes fortunas.
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