Las eléctricas Endesa e Iberdrola han iniciado un conflicto legal contra el Estado español en una disputa sobre las centrales nucleares del país. Ambas compañías, principales accionistas de las plantas nucleares, han recurrido a la vía judicial por el incremento del 30% en las tasas para la gestión de residuos radiactivos, impuesto por el Gobierno. Iberdrola fue la primera en denunciar a Enresa, la empresa pública encargada del manejo de estos residuos, reclamando 324 millones de euros. Endesa, por su parte, ha realizado una reclamación patrimonial contra el Ministerio para la Transición Ecológica y Enresa por 454 millones de euros, totalizando 778 millones. Las eléctricas argumentan un incumplimiento del contrato firmado en 2019, que establecía un calendario de cierre y un tope a la subida de tasas.
El nuevo plan de residuos radiactivos, aprobado en 2023, contempla la construcción de siete almacenes en lugares donde operaban las plantas, lo cual ha elevado los costos, generando descontento en las empresas. A su vez, las eléctricas están impugnando las normativas del Consejo de Seguridad Nuclear que regulan la desconexión de reactores debido a la competencia de las energías renovables. Mientras Endesa e Iberdrola presionan para extender el funcionamiento de las plantas, sin contar con una propuesta consensuada con otras empresas del sector, el Gobierno se mantiene firme en que los costos de gestión de residuos no recaerán en los consumidores. La tensión entre las partes se desarrolla en un marco de debate sobre el futuro energético del país, en el que algunos abogan por prolongar la vida útil de las centrales nucleares.
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